SALTA, 11 de Septiembre de 2024

DECRETO Nº 565

MINISTERIO DE SEGURIDAD Y JUSTICIA

Expediente Nº 0140050-261854/2023-0

VISTO las actuaciones de referencia, relativas a la situación del Cabo Primero del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta (S.P.P.S.), Rodolfo Rubén Gutiérrez; y,

CONSIDERANDO:

Que las mismas se inician a raíz del informe elaborado por la Dirección de Cuerpo Penitenciario, relacionado con las inasistencias registradas por el citado agente al 04/11/2023, como personal dependiente de la Unidad Carcelaria Nº 5;

Que el referido informe, da cuenta que el Cabo Primero registró seis (6) inasistencias sin aviso (injustificadas) y discontinuas al servicio, durante el año 2023, lo que se encuentra tipificado como una falta muy grave en el artículo 1º, Letra “I”, del Decreto Nº 360/1970;

Que las inasistencias imputadas quedaron debidamente acreditadas con las constancias agregadas a fojas 5, 7, 9, 11, 24 y 28, y las incorporadas a fojas 381, 383, 387, 391, 464 y 502 del legajo personal;

Que, asimismo, se encuentra acreditado que el mencionado agente se halla debidamente notificado de las inasistencias atribuidas (conf. artículo 3º del Reglamento de Investigaciones Administrativas para el Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, aprobado mediante el Decreto Nº 4541/2008);

Que además, encontrándose incorporados los informes emitidos por las áreas correspondientes, surge que la desvinculación del Cabo Primero sería a partir del 16/11/2023, una vez que el mismo haya gozado de las licencias que tuviese pendiente de usufructuar;

Que, por otra parte, han tomado debida intervención los servicios jurídicos de la Dirección de Cuerpo Penitenciario del S.P.P.S. (conf. Dictamen Nº 108/2024), de la Subsecretaría de Políticas Penales (conf. Dictamen N° 112/2024) y del Ministerio de Seguridad y Justicia (conf. Dictamen Nº 1984/2024), los que aconsejaron aplicar la sanción de baja al Cabo Primero Gutiérrez, mediante el dictado del instrumento legal pertinente;

Que corresponde señalar que en el procedimiento sumarial llevado a cabo para determinar la responsabilidad disciplinaria del agente Gutiérrez, se ha respetado el derecho de defensa y el debido proceso (conf. artículos 18 de la Constitución Nacional y Provincial), motivo por cuál no se observan vicios que lo invaliden y, consecuentemente, la medida expulsiva solicitada resulta ajustada a derecho;

Que debe tenerse presente que la Corte de Justicia de Salta ha manifestado en diversas oportunidades que “el ejercicio del poder disciplinario constituye una potestad propia del Poder Administrador, derivada de la especial relación de sujeción a que se encuentran sometidos voluntariamente los empleados públicos” (Tomo 59:269; 82:159; 205:321, entre otros);

Que además, el Máximo Tribunal local ha manifestado lo siguiente: "el derecho disciplinario que la administración tiene sobre sus agentes, constituye una manifestación de su propia y específica actividad que se orienta a satisfacer el bien común, regulada por normas de derecho administrativo, sea en sus aspectos sustanciales como procesales. En tal sentido, el fundamento del “ius puniendi”, en materia de empleo público, no es otro que una particular manifestación del poder de la administración pública para lograr la ejecución y el cumplimiento del contrato administrativo de función o empleos públicos, pues no hay que olvidar que, en definitiva, la potestad disciplinaria es un complemento de la potestad imperativa o de mando (Fiorini, Bartolomé A., “Derecho Administrativo", Abeledo Perrot 1976, pág. 846; Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo", Abeledo Perrot, 1994 Tomo III- B, pág. 417) (conf. CJS, Tomo 234:751);

Que en virtud de lo establecido en el artículo 8o, inciso a), apartado 5), de la Ley Nº 6831, se ha dado la intervención pertinente a Fiscalía de Estado (conf. Dictamen Nº 232/2024), quien concluyó que correspondería disponer la baja del agente;

Que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, inciso d) de la Ley Nº 5639 -Orgánica del Servicio Penitenciario- y en el artículo 1º, Letra D), segundo párrafo del Decreto Nº 360/1970, la sanción de baja debe ser dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo;

Por ello, en uso de las potestades conferidas en los artículos 144, inciso 2), de la Constitución Provincial, y 2º de la Ley Nº 8171 y su modificatoria Nº 8274,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Dispónese la Baja del Cabo Primero del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, Rodolfo Rubén Gutiérrez, D.N.I. Nº 28.258.571, Legajo Personal Nº 3478, de conformidad con lo establecido en el artículo 82 inciso d) de la Ley Nº 5639 y en el artículo 1º, Letra D), segundo párrafo del Decreto Nº 360/1970 -Régimen Disciplinario para el Personal Penitenciario de la Provincia de Salta-, por haber incurrido en la infracción prevista en el artículo 1o, Letra “I", del mismo decreto, dejándose establecido que la medida disciplinaria se configura para todos los efectos legales y administrativos desde el 16 de noviembre de 2023, en mérito a los argumentos esgrimidos en el considerando precedente.

ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro de Segurad y Justicia, y por la señora Secretaría General de la Gobernación.

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

SÁENZ - Domínguez - López Morillo